11 Octubre, 2012.-En las sobremesas se habla de todos los temas concebibles, pero uno que enciende acalorados debates es el tema político, sobre todo cuando se cuestiona acerca de si realmente estamos siendo representados por nuestros legisladores. Al calor en esa pequeña encuesta nuestros diputados y senadores salen perdiendo sencillamente porque la ciudadanía no ha entendido en qué o para qué que nos representan. Vivimos bajo un sistema representativo, y en tal sistema los diputados y senadores son “nuestros delegados, voceros, gestores, intermediarios, negociadores”. Delegamos en ellos el poder de hablar en nuestro nombre. Fueron “ungidos para representar al pueblo. Puede llamarse Cámara, Congreso, Parlamento, Soviet, Duma, Bundestag o como sea. A la fecha no hay otra manera de hacerlo.” Pero los ciudadanos en general sabemos poco sobre el sistema representativo bajo el cual vivimos, y solo repetimos lo que nos cuesta anualmente, o nos enredamos en debates carentes de argumentación sobre las necesidades de la ciudadanía.
Costo de cámaras. Es importante saber cuánto nos cuesta este sistema, pero es más importante aun discutir acerca de la preparación de quienes componen las Cámaras y los resultados de sus gestiones. ¿Pero quienes son los que les deben exigir cuentas? La responsabilidad nadie la asume, ni nosotros los ciudadanos, ni los árbitros como el IFE.
Quienes nos representan, muchas veces legislan sobre temas de los que no tienen ni siquiera la menor noción. Y esto se debe a que ni siquiera nuestra Constitución exige un grado mínimo de estudios para ser legislador, lo que lleva a absurdos tales como que la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la LXI legislatura estuviera integrada, entre otros, por dos diputados que solo tenían bachillerato, mientras que otro solo concluyó la educación primaria. Por otra parte, en las campañas del Distrito Federal queda claro que la ciudadanía vota por el partido y no por los candidatos, para quienes hay colonias enteras que no existen ni siquiera como fantasma.
Nunca entregaron a los ciudadanos su propuesta económica, ni política, mucho menos cultural. ¿Cómo podemos exigir, si nos hemos vuelto cómplices ante la omisión? La gente debería cuestionar que sus representantes no tengan una preparación académica, que no tengan una representación con base en la gestión y el conocimiento de sus distritos y comunidades y su poco conocimiento del marco jurídico. De otra manera, ¿para que gastar tanto en campañas políticas si estas exigencias mínimas no son atendidas? Por las exigencias de nuestros tiempos, el IFE debería estar obligado a exigir, para otorgar constancia de candidatura, una preparación académica, una representación con constancia de gestión y conocimiento pleno del marco jurídico local y federal.
¿Cómo podemos confiar si el representante de nuestros distritos locales y federales no tiene estos elementos? ¿Cómo asegurarnos de que, en la discusión del presupuesto de egresos, nuestros representantes tienen estudios con base en las necesidades de nuestras comunidades? ¿Cómo saber que no van a seguir poniendo como prioridad los drenajes y las clásicas láminas para cuando hay temporada de lluvias? Pasan y pasan los presupuestos y seguimos igual. Queremos ver legisladores comprometidos, discutiendo, debatiendo en las comisiones las necesidades de sus representados, su representación distrital y estatal. Muchos hablan de la reelección como solución a exigir con base en el voto los resultados. Pero deberían existir otros mecanismos exigidos por el poder legislativo para que los diputados y legisladores retribuyan al ciudadano el costo de su representación.
Jose Antonio Crespo doctor y académico dice que para cumplir los fines de la democracia representativa, deben cumplirse ciertas condiciones: “como es el sufragio efectivo que haga valer la voluntad ciudadana en el momento de designar a sus propios representantes, y un sistema de rendición personalizada de cuentas de los representantes así electos a sus representados. Es decir, la representatividad política tiene al menos dos movimientos entre el cuerpo ciudadano y el cuerpo gobernante; uno de ida (elecciones libres) y otro de regreso (la rendición de cuentas que supone que los representantes podrán ser removidos o ratificados, dependiendo de su desempeño y la fidelidad con que promovió los intereses de sus representados).”
Y en la rendición de cuentas estamos fallando. Pero no todo es culpa de ellos, sino también de los ciudadanos que estamos insensibles de pelear lo que por derecho nos corresponde. En sociedades de algunos países avanzados la figura de “Auditoría Superior” permite que el gobierno haga público el desempeño del gobierno y cuenta con el apoyo del ciudadano. Y en el esfuerzo por tener mejores y más eficientes Cámaras, debemos seguir ese ejemplo. Porque solo la sociedad civil unida y organizada es la única que puede dar la pelea sin cuartel para que, entre otras reclamaciones, existan consejos de ciudadanos que exijan y cuestionen la representación.
