Tres elecciones en nueve meses

Sí, en el escenario más extremo pero legalmente posible, los mexicanos podríamos acudir a las urnas en tres ocasiones en un lapso de nueve meses, con todo el desgaste y costos políticos y financieros que eso implicaría. Veamos.

Además de la elección de medio término del 6 de junio de 2021, la ley ya permite la consulta popular, que puede realizarse el 1 de agosto. Esa fecha en 2020 ya pasó, así que la siguiente posible es en 2021. Se haría a petición del Presidente, pero con la aprobación del Congreso y la revisión de la Suprema Corte.

La coyuntura político–judicial actual establecería la pauta de la pregunta, que incluso ha sido planteada por el gobierno en turno: si se debería o no enjuiciar a los cinco expresidentes más recientes. Suponiendo que el Poder Judicial accediera a llevar a las urnas un asunto de investigación y litigio, esa consulta se realizaría tan pronto como 50 días después de las elecciones intermedias.

Todavía más, la revocación del mandato presidencial ya existe como posibilidad real en la Constitución. Puede darse hasta que se haya cumplido la primera mitad del sexenio y únicamente a petición ciudadana firmada por al menos 3% de los inscritos en el listado nominal de electores, además distribuidos en mínimos de 3% en 17 entidades federativas.

En caso de que todo eso suceda, el INE deberá aprobar los formatos para recopilar las firmas y luego gastar los millones de pesos necesarios para verificar que cada firma sea auténtica y válida, además de muchos otros, otra vez, en toda la logística: propaganda, 100 millones de boletas, mamparas, urnas, listados nominales, actas, PREP y conteo oficial. Esa jornada sería el 6 de marzo de 2022, es decir, apenas nueve meses después de las elecciones de medio término.

¡Ah! Y todo ese esfuerzo y recursos sólo tendrían efecto si vota por lo menos 40% de todos los electores, es decir, unos 38 millones. De otra manera, sea cual sea el veredicto, no serviría de nada.

¿Valdría la pena todo ese gasto y desgaste? La reforma electoral de 2014 tuvo como uno de sus propósitos hacer más barata y práctica la democracia. Para llegar a eso, el camino ha sido sinuoso. Por ejemplo, Puebla y Veracruz debieron establecer un periodo de gobierno de dos años para homologar sus elecciones con las federales, como está sucediendo en Baja California. La idea era que los electores, vivamos donde vivamos, acudiéramos a las urnas sólo una vez cada tres años, no tres veces en uno solo.