2030 sin agua
En 2030 podemos quedarnos sin agua. No, no es una exageración. De los 653 acuíferos que tenemos en el país, 106 están más que sobreexplotados. Ocho de las 13 regiones hidrológicas tienen estrés hídrico. Uno de cada tres mexicanos tiene que acarrear agua, a veces desde muy lejos. Incluso, en la capital del país, 26 de cada 100 personas no reciben suficiente y a 15 de cada 100 no les llega diario. De 4 mil 210 cauces, arroyos y lagos que tenemos en México, al menos 2 mil 485 tienen signos claros de contaminación, que va desde materia orgánica, como coliformes fecales, hasta sólidos flotando o carencia de oxígeno. De 629 pozos, 98 tienen problemas con arsénico, mineral altamente tóxico, y 127 con fluoruro.
A esto se agregan los problemas políticos que son cada vez más complejos, como el de la presa La Boquilla, tomada por productores agrícolas para impedir que el gobierno cumpla con el tratado internacional que lo compromete a entregar 432 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo a EU cada año, o el de la presa El Zapotillo, en Jalisco, donde la obra para dotar de agua a Guadalajara y León, Guanajuato, no está concretada debido a los amparos que tramitaron tres poblados que habrían quedado sumergidos en el embalse.Las políticas públicas sobre el líquido en las comunidades rurales se pierden en una maraña de burocracia y corrupción. En Chiapas, una evaluación desde 2014 mostró que un gran problema es la construcción de infraestructura incompleta o que no sirve. De 200 plantas de tratamiento y sistemas de agua entubada, ni siquiera 20% la desinfectan, lo que es una bomba de tiempo tratándose de salud pública.
Respecto a las descargas de aguas residuales, las administraciones anteriores dejaron un rezago de actas de inspección no calificadas que la Comisión Nacional del Agua ha ido atendiendo desde 2019. Durante este año se han realizado, además, 616 inspecciones por denuncias ciudadanas y se calificaron 73% de las actas. El presidente López Obrador ha recibido informes sobre corrupción de grupos poderosos de administraciones anteriores que continúan operando en la Conagua.
Una de las prácticas más nocivas es el mercado negro de derechos de agua que transfieren ilegalmente entre particulares, dada la ineficiencia de los mecanismos formales. Ante el rezago heredado en la atención de solicitudes para el otorgamiento de títulos de concesión y asignación, los funcionarios corruptos obtienen dinero de los interesados, poniéndose de acuerdo para que el expediente sea colocado en otro orden de prelación. Incluso, se confabulan para permitir la creación de pozos clandestinos, y otras formas de explotación irregular. En 2011, la Conagua hizo el experimento de medir con precisión los volúmenes de agua para uso industrial y de servicios que se extraían. Se encontró con que las 50 mil 888 cuentas que tenía registradas en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes significaban 37% de todos los usuarios que deberían pagar por ella.
¿Qué resultaría si se hiciera de nuevo esa revisión? Mientras, el futuro nos está alcanzando, y con él una grave carencia de agua dentro de una década.
