Subrogando la vida
Quemaduras subrogadas, convenios en papel y piel calcinada, indefensión. El sistema de subrogación de cuotas permite a empresas de ciertos sectores, como el siderúrgico, no pagar las cuotas al seguro de enfermedades y maternidad del IMSS. A cambio, operan sus propias clínicas y hospitales, donde atienden a los empleados mediante el contrato colectivo de trabajo. Otra cara del outsourcing y el insourcing que está ahora en la discusión pública.
En un sector de alto riesgo, los dueños de empresas evitan enviar a sus trabajadores accidentados a los servicios públicos de Salud porque eso incrementa fuertemente la cuota de riesgo de trabajo que deben pagar al Seguro Social. Bajarla nuevamente, les cuesta mantener al menos cinco años su operación con cero percances. Los propios números oficiales dicen que los patrones llegan a ocultar hasta 30 por ciento de los accidentes laborales. ¿Qué está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social para abatir esta situación?
El tema tiene mucho fondo
La empresa Ternium, por ejemplo, cuya actividad es de alto riesgo y requiere de medidas de seguridad y primeros auxilios de primer orden, atiende a sus trabajadores en su clínica Nova, que no cuenta con instalaciones y equipos necesarios para ocuparse de un trabajador con quemaduras severas, lo que en caso de un accidente lo deja en la indefensión más terrible.
En un caso como ese el tiempo es vital. Se requiere la ambulancia aérea o terrestre correcta, instalaciones estériles para evitar cualquier infección que puede ser letal, áreas de terapia intensiva de punta y personal médico y auxiliar altamente especializado.
Existen los parámetros y referencias del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (Ceniaq), la institución médica mexicana más avanzada en ese campo. ¿Porqué una corporación como Ternium, con un valor mundial mayor a los 500 mil millones de dólares, escatima en un tema de máxima responsabilidad? En México tiene documentados 11 trabajadores fallecidos en un caso de 2013, y en años posteriores, otras demandas por accidentes que han resultado en quemaduras graves. ¿Cuántos de sus empleados están expuestos a ese riesgo tan grande? Ni esa empresa que dirige Máximo Vedoya, ni Siemens Servicios, encabezada por Juan Ignacio Díaz, han asumido sus responsabilidades.
Más allá del ámbito laboral, los riesgos son igualmente grandes y serios. Mayra Avilene Elizalde murió cuatro días después del accidente carretero en Nayarit, cuando la explosión de una pipa de gas quemó 90 por ciento de su cuerpo. Los servicios de emergencia buscaban canalizarla a una instalación médica sin la infraestructura mínima para la dimensión de sus lesiones, hasta que su familia insistió en que fuera llevada a un hospital con mejor equipamiento y después tuvo que pedir ayuda en redes sociales para solventar el costo.
Ni el seguro carretero, ni el del vehículo, ni el de la empresa gasera actuaron con prontitud. Trasladar a Mayra Avilene a Galveston, Texas, a una unidad especializada en quemaduras, ni pensarlo. ¿Cuántas normatividades se pasaron por alto? ¿Cuántos responsables de negligencia deben enfrentar una consecuencia?
Para un país con 127 millones de habitantes, sólo hay 17 unidades de quemados en el sector Salud público. Ninguna de ellas con la capacidad para atender a un paciente afectado en la mayor parte de su superficie corporal. Poca respuesta para un gran problema.
Las quemaduras son un problema serio de salud pública. Antes de la pandemia ya ocupaban el décimo tercer lugar entre las causas de muerte en México: dos mil 775 al año. Pero los números van mucho más allá. Al menos 5.5 por ciento de la población ha estado expuesta a una quemadura.
Estamos hablando de unas 698 mil 500 personas, y las estadísticas de salud dicen que 70 de cada 100 de esos pacientes requieren hospitalización.
Hay que hacer mucho desde todos los puntos de vista: prevención, seguridad, regulaciones, supervisiones rigurosas, infraestructura de atención adecuada y suficiente, pero sobre todo, mucha cultura.
