La represión de Cuitláhuac
“Maldito asesino, todavía está libre y en el puesto. Él es el responsable principal de la masacre en Totalco”, me dijo poniendo El Dedo en la Llaga, Renato Romero, vocero del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental sobre Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, responsable de la Fuerza Civil que asesinó a los hermanos Alberto y Jorge Cortina Vázquez e hirió a varios manifestantes más en una refriega el 20 de junio.
Lleno de impotencia e indignación, agrega: “¿Quién te dio la orden, Cuauhtémoc Zúñiga? ¿Cuitláhuac? ¡Dilo!”. El caso llegó hasta el Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador tuvo que prometer que no habrá impunidad. Hasta ahora, la única consecuencia ha sido el arresto de 5 elementos de ese agrupamiento policial. Los demás fueron reasignados.
Aquel 20 de junio, campesinos de San Antonio Totalco bloquearon la carretera federal Perote-Puebla en protesta contra la planta de alimentos para animales de Granjas Carroll, a la que responsabilizan de contaminar los mantos acuíferos y acaparar el agua, lo que hace mediante cinco concesiones que le permiten explotar abusivamente más de 700 mil metros cúbicos anuales de la cuenca Libres-Oriental, dejando a los agricultores sin el líquido necesario para sembrar y subsistir. Más aún, la depredación ambiental se extiende al suelo y el aire de la zona.
En vez de atender y gestionar los reclamos, el gobierno de Cuitláhuac García respondió con una brutalidad policiaca descomunal. Además de los dos asesinados, hay testimonios como el de Justo Soto, un adulto mayor, quien fue golpeado ferozmente aún ya en el suelo. Luego de que una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladó a un hospital local, hasta allá continuó el amedrentamiento de los agentes policiales. Otros dicen que también fueron perseguidos hasta sus casas y golpeados.
Los campesinos organizados de la región están planteándose recurrir incluso a organismos y cortes internacionales para denunciar el problema y la arbitrariedad de las autoridades.
No es un caso aislado. El abuso policial en Veracruz se volvió cotidiano. La CNDH emitió una recomendación que documentó la queja de un comerciante que sufrió la irrupción de la policía con uniformes tácticos y armas largas en su establecimiento, en junio de 2021. Sin orden de cateo, los agentes se apoderaron del dinero y productos además de que torturaron a todo el personal bajo el dicho falso de que tenían a una persona secuestrada.
El gobernador veracruzano suele usar la fuerza estatal como forma de represión política. Muestra clara, las agresiones y acoso continuo contra la periodista Claudia Guerrero desde que develó que el sistema de salud estatal administraba agua destilada en vez de quimioterapias a niños con cáncer, práctica deleznable en la administración de Javier Duarte que continuó en la actual.
En 2023, la exalcaldesa de Ixhuatlán, Viridiana Bretón Feito; el líder cafetalero, Cirio Ruiz y cuatro productores más del aromático fueron encarcelados por, presuntamente, haber incendiado una instalación de la empresa AMSA. Todos tuvieron que ser liberados en abril de este año, dado que el caso fue armado con testigos de identidad reservada, declaraciones falsas y que el siniestro no fue un incendio como tal.
Algunas historias de represión social y política en Veracruz, durante el gobierno de Cuitláhuac García. ¿De verdad habrá consecuencias?
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
@AdriDelgadoRuiz
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