Siete años sin justicia

Siete años sin que Karla Castro obtenga justicia. Desde aquel 13 de junio de 2017, cuando fue víctima de un grave accidente de trabajo producto de la falta de las medidas más básicas de seguridad industrial y de un servicio médico especializado en la planta siderúrgica de Monterrey, donde sufrió quemaduras de tercer grado, que afectan las capas profundas de la piel, y estuvo a punto de perder un pie. Sus patrones, Ternium y Siemens, la dejaron a su suerte.

Hoy, por fin, hay alguna esperanza de que el juicio comience luego de que el juez Éric Alejandro Arenas Guzmán ha hecho todo a su alcance por posponerlo, incluso algo tan absurdo como dar por retrasado por más de 7 meses un envío de paquetería con una notificación judicial, claro, con el contubernio de Ternium, dirigida por Máximo Vedoya, y Siemens, de Alejandro Preinfalk.

Con el T-MEC, que entró en vigor el 20 de julio de 2020, las empresas que participan en ese mercado norteamericano están ahora más obligadas a respetar rigurosamente la legislación laboral, los derechos laborales y a erradicar todo tipo de discriminación, incluyendo la de género. Claramente, dado el trato que continúan dando al caso de Karla en connivencia con el juez, la cultura de esas empresas no ha cambiado hacia ese objetivo.

En aquel accidente, Karla Castro, ingeniera mecatrónica con altas calificaciones, resbaló con bolas de polvo de hierro de reducción directa a muy alta temperatura, esparcidas en el piso, que fundieron las botas de su equipo de seguridad con su piel, ocasionándole quemaduras y lesiones que la mantuvieron hospitalizada por ocho meses en que requirió diez cirugías, situación que enfrentó únicamente con el apoyo de su familia.

Los patrones no dieron aviso al Ministerio Público, como era indispensable, dado que había una víctima de lesiones. Tampoco al IMSS para evadir el pago del Seguro de Riesgos de Trabajo y además porque no tienen a los trabajadores afiliados a la seguridad social que evitan enviándolos a la clínica Nova, sin el equipo necesario para el tratamiento de las quemaduras de tercer grado y otros riesgos graves de esa industria.

Más aún, tampoco dieron aviso inmediato a la Secretaría del Trabajo, sino hasta el día siguiente. La inspección documentó que no había zonas delimitadas, ni siquiera un barandal de seguridad, ni equipos de primeros auxilios en 400 metros a la redonda.

Karla presentó la demanda civil en 2018, en la Ciudad de México, donde Ternium y Siemens tienen domicilios, pero los abogados de Guerra González y Asociados, liderados por Jaime Guerra, maniobraron para llevar el proceso a Nuevo León. Desde entonces han utilizado toda clase de argucias en busca de desechar el juicio.

Cuando la justicia federal obligó al juez Éric Alejandro Arenas Guzmán a reponer el proceso, las chicanadas se intensificaron en contubernio con Ternium y Siemens al punto de hacer perdediza esa notificación en la paquetería. Sin duda, lo que sucede en el Poder Judicial de Nuevo León sería una respuesta para entender en qué debe enfocarse la discusión sobre una reforma de fondo.

Si el juicio por fin da inicio, ¿qué otras artimañas se sacarán Ternium y Siemens de la manga? ¿Será capaz el juez Arenas Guzmán de emitir una resolución justa o continuará con el contubernio demostrado con los abogados patronales? ¿Sabrá el gobierno de  Alemania y el canciller  Olaf Scholz de las atrocidades que comete Siemens en México contra sus empleados?

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

@ADRIDELGADORUIZ