Truper se agandalla

Acaparamiento de cantidades enormes de agua. Las concesiones para la explotación de acuíferos crecieron descomunalmente de 2 mil a 514 mil durante 28 años, hasta 2020. El estrés de manantiales y pozos se acentúa todavía más por la sequía. Muchas poblaciones en el país tienen sed y los alimentos se encarecen más por la falta de agua para cultivarlos. 

Jilotepec, históricamente una fuente natural de agua en el norte del Estado de México, es uno de muchos ejemplos. La empresa Truper, beneficiaria de una de esas concesiones, inició en 2021 la construcción de un centro deportivo en terrenos contiguos a su planta industrial, por donde debe pasar el canal a cielo abierto del Distrito de Riego 044, el cual es propiedad pública y su preservación, por ley, está a cargo de la Comisión Nacional de Agua. 

Sin los permisos de ninguna autoridad, Truper destruyó esa infraestructura hidráulica y obstruyó así el paso del agua hacia al menos 200 hectáreas agrícolas de la comunidad de San Pablo Huantepec, ocasionando la pérdida de cultivos de frijol, avena, maíz, frutas, y la muerte de muchos animales de granja.

La localidad es conocida también por sus quesos de oveja. Más aún, Truper instaló una tubería subterránea para drenar las aguas pluviales de su club deportivo y llevarlas hasta otro arroyo, mientras goza de acceso al agua necesaria para sus actividades industriales, proveniente de pozos en las comunidades de Coscomate y El Durazno, entre otras.

Ante la inacción de las autoridades federales y locales, el caso está teniendo un paso desesperante y agónico en el área de quejas de la Conagua y en el ámbito penal, primero ante el Ministerio Público y después en los juzgados, por las afectaciones a la zona agrícola y al Río Coscomate.

Por otra parte, si bien el agua dulce continental no es un asunto tan abordado en el T-MEC y de hecho deja a los gobiernos y sus leyes nacionales la gestión de ese recurso natural, el capítulo 24 sí privilegia el intercambio comercial entre empresas que respeten el medio ambiente y mantengan políticas sustentables, que Truper estaría en la cuerda floja de prestigio y competitividad.

Los parques industriales que operan en Jilotepec gozan de concesiones que amparan el uso de 4.7 millones de metros cúbicos de agua anuales, mientras la población sólo recibe el líquido vital, cuando se puede, en pipas cuyo costo hace estragos en su bolsillo. Seguro que puede ser diferente aquí y en todo el país. Desarrollo económico y sustentabilidad ambiental no tienen por qué contraponerse.

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MÁS LLAGAS: En Bolivia, la reforma judicial con elección de jueces y magistrados por voto popular de 2011 costó 17 millones de dólares. Un país con apenas el 10 por ciento de la población mexicana y una economía mucho más pequeña. ¿Ya le habrá comentado Arturo Zaldívar a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y al presidente López Obrador el costo que implica la liquidación y/o retiro de los 1,691 jueces, magistrados y ministros actuales más el de la organización de las elecciones para sustituirlos?

-La magistrada Paula María García Villegas, hija de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, sostiene que la elección de juzgadores debe ser por conocimientos demostrados en concursos de oposición y no mediante elección popular, dado el nivel de especialización, complejidad y carga de trabajo que implica el trabajo en el Poder Judicial.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

@ADRIDELGADORUIZ